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Foro de komunistas, gente de izquierdas y abertzales de Euskal Herria.

5/12/2005

Tenemos la llave

Decir que nunca ha habido transformación social sin participación ni reivindicación ciudadana es como decir que la leche es blanca, sin embargo, parece que en estos tiempos neoliberales de retroceso en materia de derechos sociales se nos está olvidando que la realidad que vivimos es transformable, que las cosas no son así de manera indefectible y que generar cambios en el sistema político, económico y social está en manos del conjunto de la ciudadanía.

Muchas son las situaciones que vivimos de manera fatalista; no hablamos de grandes problemas que nos quedan lejos como el hambre en el mundo, las desigualdades Norte-Sur... sino de problemas que condicionan nuestras vidas, que nos restan libertad y nos hacen vivir con menos dignidad de la que merecemos; de hecho, realidades como el trabajo o la vivienda marcan el presente e hipotecan el futuro de grandes capas de la sociedad.

Nos encontramos en estas fechas inmersos en el debate sobre si un piso de 30 m2 es digno o no, sin embargo hay debates de mucho más calado que se están ocultando y que habría que trasladar a la ciudadanía. Hablamos de la dignidad de las 145.000 personas que deseaban haberse emancipado durante 2004 en la CAV y no pudieron hacerlo por motivos económicos relativos al acceso a la vivienda. Hablamos también de los miles de ciudadanos y ciudadanas que en Euskal Herria están hipotecadas a 30 y 35 años para poder acceder a la vivenda, hipotecas que en el caso de la CAV alcanzan una media de 135.000 euros, que absorben hasta el 68% de los ingresos de las familias vascas y que exigen decenas de años de fidelidad en el pago cuando el mercado laboral sólo ofrece temporalidad y precariedad.

Pero hablamos, también, de situaciones más específicas y con un mayor grado de gravedad como son la situación de las personas jóvenes, de las mujeres y de las personas inmigradas, que están en situaciones específicas de discriminación respecto al resto de la sociedad, en cuestión de contratos laborales y sueldos, en cuanto a los tipos de trabajo que se les ofrecen, discriminaciones generadas por la xenofobia y el machismo, en cuanto a las posibilidades de desarrollar proyectos de vida acordes a sus necesidades y derechos... que les someten a especiales cotas de opresión.

Estas realidades de discriminación y opresión se hacen mucho más intolerables, si cabe, cuando tomamos conciencia del nivel de los beneficios de los agentes económicos que intervienen en el mercado de la vivienda, a saber, promotoras, constructoras, inmobiliarias y cómo no la Banca, tanto pública como privada. El mercado de la vivienda supone casi el 20% del PIB del Estado español, para su desarrollo utiliza la mano de obra de más de dos millones de personas trabajadoras; se caracteriza por ser uno de los mercados laborales con peores condiciones, sueldos bajos, alta precariedad y subcontratación en cadena, malas condiciones de salud y seguridad, alto porcentaje de trabajo sumergido. No todo es malo en este sector económico, no, sus beneficios no lo son, alcanzando cada año incrementos porcentuales respecto al año anterior de más de dos dígitos. Los bancos y cajas de ahorros son los mayores beneficiarios del suculento negocio del ladrillo; gracias al incremento del precio de la vivienda y por tanto del número y la cuantía de las hipotecas que la ciudadanía se ve obligada a contratar para poder acceder a las mismas, estas entidades van engordando sus cuentas de resultados sin ningún pudor.

Estando así las cosas, nos preguntaremos por el papel de las administraciones públicas, encargadas de garantizar la satisfacción de derechos y necesidades de la ciudadanía. Dejando de lado el caso de Iparralde, donde la tradición política en materia de vivienda es diferente, nos vamos a centrar sobre todo en la realidad de la CAV y la CFN. En ambos territorios podríamos definir las políticas públicas en materia de vivienda como claramente insufi- cientes cuando no inexistentes. Decimos que las políticas son insuficientes porque ninguna parte de la consideración de la vivienda como un derecho invulnerable, sino que trata de parchear la situación, haciéndolo mal y a veces con fines electoralistas y de satisfacción de las rentas medias.

En la CAV, a pesar del «esfuerzo» constructor del Gobierno Vasco en los últimos años, aún vemos cómo casi en ningún caso se ejecuta el total de las reservas de suelo para vivienda protegida a las que obliga la legalidad vigente, cómo se sigue permitiendo que los ayuntamientos contribuyan a la especulación urbanística, cómo los patrimonios públicos de suelo y vivienda, a pesar de ser una obligación legal apenas se han ejecutado. Por otra parte en los últimos tiempos algunos ayuntamientos y diputaciones (también el frustrado proyecto de Ley de Suelo) hacen una apuesta por un nuevo tipo de vivienda protegida de precio tasado, cuyo precio será hasta un 30% mayor que la VPO convencional y cuyos destinatarios son quienes por superar los baremos económicos de la VPO no acceden a las mismas. Apuesta que merece la más clara de las reprobraciones y que nos genera más de un interrogante sobre los intereses de quiénes se quieren satisfacer (desde luego que no los de la gente más necesitada), sabiendo que se cuentan por decenas de miles las personas apuntadas en las listas de Etxebide que esperan la adjudicación de una vivienda.

La situación de la Comunidad Foral Navarra no es mucho más halagüeña, ya que el Gobierno foral no ha sido capaz (o no ha querido) de cubrir tan siquiera el 50% de los objetivos que se marcó en el Plan Navarro de Vivienda 2001-2004.

Más grave aún que estos hechos mencionados es que las ya de por si insuficientes políticas en materia de vivienda se practiquen de manera descoordinada por las distintas administraciones (ayuntamientos, diputaciones y gobiernos) y en el peor de los casos compitiendo entre ellas para ver quién saca más pecho.

No se trata de engañar a nadie diciendo que la solución a la problemática de la vivienda es fácil; no existen respuestas rápidas ni fórmulas magistrales que arreglen la situación y muchas son las responsabilidades y demasiados los intereses económicos y políticos que intervienen. Sin embargo, tenemos que atrevernos a soñar, a definir cómo nos gustaría que fuese la realidad y a dar pequeños pasos, pero firmes, para alcanzarla. Afortunadamente muchas son las organizaciones que están preocupadas por esta realidad y que trabajan desde distintos prismas y sensibilidades para revocarlas, mucha es la gente que cada vez está más indignada con la situación de la vivienda y cada vez son más las voces que se levantan reivindicando el derecho a techo, que a buen seguro contribuirán a que la vivienda se conciba como un derecho de primer orden al que no se le puede dar la espalda.

Igor Mera Uriarte - Etxebizitza Guztiontzat! Euskal Herriko Plataforma

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1 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Aquí en Madrid lo tenemos igual de jodido o más. ¿Qué coño pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer para que se tomen medidas de verdad?

Estoy hasta los cojones de la puta especulación inmobiliaria de este puto país.

Solo nos queda la Okupación.

18/5/05 22:57

 

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